Hay misterios de la ciencia, milagros de la naturaleza y luego está el ritmo caribeño del Ayuntamiento de El Escorial cuando se trata de atender a nuestras urbanizaciones.
Hablemos de esa gran parcela municipal de 12,5 hectáreas de superficie, que duerme junto al colegio Gredos San Diego de Los Arroyos. Un terreno que no es cualquier cosa: es de titularidad pública y limítrofe con el pantano de Valmayor, una de las zonas de mayor valor ecológico y medioambiental de nuestro municipio. Este terreno fue una cesión al Ayuntamiento cuando se recepcionó la Urbanización Los Arroyos. Su calificación de uso es de «parque natural recreativo» de uso público.
En su día, con las obras del Canal de Isabel II y el posterior asfaltado de las calles colindantes, la parcela se abrió de par en par a los vehículos. Pensamos —bienpensados de nosotros— que el Ayuntamiento había tenido un arrebato de pragmatismo: habilitar provisionalmente un espacio de aparcamiento libre para desahogar el monumental caos de tráfico que se monta en el colegio a las horas punta. Hasta ahí, una medida que no complacería a todos, pero comprensible en cierto modo.
Lo «curioso» —por llamarlo de alguna manera— vino después. Las obras terminaron hace más de doce meses. Las zonas exteriores de aparcamiento quedaron perfectamente habilitadas. Pero la parcela pública y su sensible entorno ecológico de ribera siguieron abiertos de par en par al trajín de coches y humos. ¿Desidia? ¿Olvido? ¿Esa sutil amnesia que le entra al Consistorio cuando mira hacia Los Arroyos?
Ha tenido que ser ANCLA, nuestro partido independiente y municipalista, el que empiece a investigar el asunto y a mover fichas. Y ¡oh, sorpresa!, el milagro se ha obrado. Qué casualidad que, justo cuando en ANCLA nos ponemos a rascar, al Ayuntamiento le ha entrado la prisa y hace solo unos días ha decidido por fin volver a colocar la puerta que impide el acceso de vehículos a este espacio natural.
Bien está lo que bien acaba, por supuesto, lo celebramos. Pero es que ponerle una puerta al campo —donde debió estar desde el primer día— le ha costado a este Ayuntamiento entre doce y trece meses. Vamos, lo que viene siendo la duración del parto de una burra.
Más de un año entero de impacto ecológico inadmisible en una zona ribereña protegida, solo porque la gestión y el cuidado de nuestras urbanizaciones no parecen estar en la agenda prioritaria del equipo de gobierno. Nos alegramos de que nuestra labor de fiscalización sirva para que se pongan las pilas, aunque sea a velocidad de tortuga.
Desde ANCLA seguiremos vigilando, porque nuestras urbanizaciones merecen respeto, gestión eficaz y menos «embarazos» administrativos de trece meses.
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