Desde ANCLA no podemos callarnos más ante el enésimo varapalo judicial y administrativo que condenaría, de nuevo, a los vecinos de MONTENCINAR al abandono, el barro y la falta de servicios básicos esenciales. La reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) —la Sentencia 943/2026— que tumbaría temporalmente la reparcelación y paralizaría la licitación del proyecto no es un accidente fortuito. Es la consecuencia directa de décadas de incapacidad política por parte del Ayuntamiento de El Escorial para pilotar un consenso firme y jurídicamente blindado.
Décadas de conflicto y un Ayuntamiento incapaz de liderar
Es evidente que la parálisis actual no se ha construido en dos días. MONTENCINAR arrastra una pesada mochila histórica de 40 años de decisiones complejas, plazos vencidos en el pasado cuando la gestión era interna, pérdidas de suelo consolidado en los tribunales y oportunidades perdidas, como los proyectos sectoriales de alcantarillado con el Canal de Isabel II que saltaron por los aires en los juzgados. La judicialización extrema y el clima de confrontación personal y descalificaciones mutuas solo han servido para dinamitar los puentes de cualquier negociación posible.
Sin embargo, por parte de ANCLA tenemos claro que el principal responsable de arbitrar, solucionar y liderar el urbanismo de nuestro municipio es su Ayuntamiento. Un equipo de Gobierno maduro y eficaz no puede limitarse a ponerse de perfil ante la evidente división civil de la urbanización, ni usar los errores del pasado o la falta de cohesión vecinal como una cómoda coartada para justificar su propia ineficacia. El Consistorio tiene la obligación legal y técnica de elaborar expedientes impecables que resistan el filtro de los tribunales y, sobre todo, la responsabilidad política de ejercer de mediador para unir a los vecinos en lugar de profundizar en sus brechas.
Sospechas confirmadas: Las graves deficiencias técnicas que los tribunales habrían detectado
Aunque el Ayuntamiento intenta camuflar su fracaso tras un espeso lenguaje de red social, en los círculos vecinales del municipio ya es un secreto a voces el verdadero motivo por el cual la justicia ha pulverizado las tesis municipales. Todo apunta a que el proyecto presentado por el Consistorio era una auténtica chapuza jurídica insostenible.
Se sospecha firmemente que el TSJM ha detectado que el Ayuntamiento intentó aplicar un método de valoración económica del suelo totalmente inadecuado e improcedente para una zona donde la mayoría de las parcelas ya están edificadas, lo que habría inflado de forma artificial y desmedida las cargas financieras sobre los hombros de los propietarios.
Por si fuera poco, los rumores técnicos apuntan a otra presunta ilegalidad flagrante: el texto municipal pretendía introducir, por la puerta de atrás, compensaciones económicas arbitrarias en favor de determinados propietarios que ni siquiera estaban previstas en el PERI III ni en las Normas Subsidiarias, dinamitando por completo el sagrado principio de justa distribución de beneficios y cargas entre los vecinos.
De confirmarse estos extremos, estaríamos ante una presunta negligencia técnica tan grosera que roza la temeridad administrativa.
La desfachatez de culpar a la «litigiosidad«
La nota informativa emitida por el equipo de Gobierno es una absoluta falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Pretender justificar este nuevo fracaso basándose en una supuesta «alta litigiosidad» y presumir de un marcador de sentencias ganadas frente a perdidas es de un cinismo intolerable. Si el TSJM frena el proyecto en apelación, es porque el Ayuntamiento volvió a presentar un documento con deficiencias técnicas y legales modificando parámetros esenciales que ahora impiden continuar con la licitación de forma limpia.
El derecho a la tutela judicial de los propietarios no es un obstáculo administrativamente molesto; es el escudo de los vecinos frente a las chapuzas de un Consistorio que lleva años demostrando que es incapaz de armar un expediente con plenas garantías jurídicas.
Si el TSJM da la razón en la apelación, no es porque los vecinos «ralenticen» nada. Es porque el Ayuntamiento volvió a hacer mal su trabajo, modificando parámetros esenciales de las bases que ahora dejan el concurso público en una vía muerta al no poder licitarse ni adjudicarse en las condiciones actuales. Culpar a los afectados de los retrasos provocados por las deficiencias técnicas y legales del propio proyecto municipal es el comportamiento de un Gobierno cobarde que prefiere balones fuera antes que asumir sus propias responsabilidades.
Promesas rotas y una huida hacia adelante
Este recurso ganado por la Asociación de Propietarios de MONTENCINAR no es aún en firme. Hay una instancia superior. Y el Ayuntamiento tiene un mes para apelar ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo. La vía de la casación es un proceso extraordinario de difícil admisión que suele demorarse varios años.
¿De qué le sirve a MONTENCINAR que el Ayuntamiento anuncie ahora, a bombo y platillo, un hipotético recurso de casación ante una instancia superior?
Servirá únicamente para estirar los plazos en los despachos institucionales durante lustros, mientras en las calles de la urbanización la realidad sigue siendo la misma de las últimas décadas: promesas incumplidas, parálisis total del concurso público y ninguna solución real a corto plazo para las familias que pagan religiosamente sus impuestos mientras reciben a cambio un trato de abandono periférico. Ya basta de pedir «paciencia» y «confianza» desde despachos municipales con calefacción o aire acondicionado y aceras en perfecto estado.
La gestión histórica de la Asociación de Propietarios original
Desde la postura de sectores vecinales críticos y de la otra asociación de la zona («SOLUCIÓN MONTENCINAR»), la junta directiva histórica de la Asociación de Propietarios tiene una enorme cuota de responsabilidad en el enquistamiento del problema. En cualquier macrourbanización con problemas de legalización, la gestión del dinero común siempre genera una enorme susceptibilidad. En el caso de MONTENCINAR, las sospechas y acusaciones de mala gestión se avivan por cuatro factores principales:
- Plazos vencidos y pérdida de dinero: En los inicios, cuando las competencias de urbanización eran privadas e internas de los propietarios, la asociación dejó pasar los plazos legales. Se le afea haber apostado por urbanizar únicamente una pequeña parte del sector y haber protagonizado una nefasta gestión económica, con episodios un tanto extraños que nunca se auditaron y que obligaron finalmente a devolver las competencias urbanísticas al Ayuntamiento por falta de capital.
- La judicialización sistemática: Se les critica haber convertido el urbanismo en una «guerra personal» contra el Ayuntamiento. Un ejemplo histórico de este bloqueo ocurrió, pare ser, cuando el Canal de Isabel II estuvo a punto de ejecutar las obras del alcantarillado; tras salir de la reunión formal, la asociación interpuso una denuncia judicial que provocó que el Canal se echara atrás y cancelara el proyecto de saneamiento.
- El pozo sin fondo de los costes judiciales: La Asociación de Propietarios lleva décadas interponiendo recursos contencioso-administrativos contra los sucesivos planes del Ayuntamiento. Esto exige derramas constantes para pagar a abogados, procuradores y peritos. Una parte de los vecinos agrupados en corrientes críticas considera que este dinero se «despilfarra» en una estrategia judicial agresiva que solo alarga el problema.
- La división de estrategias vecinales: Mientras la directiva histórica apuesta por la vía judicial para forzar al Ayuntamiento a asumir costes, agrupaciones alternativas o vecinos independientes han defendido en ocasiones una vía más negociadora con el Consistorio para desbloquear las obras cuanto antes, acusando a la directiva tradicional de velar por sus propios intereses sectoriales.
Exigimos altura de miras, unidad y un cambio de rumbo
Desde ANCLA, como formación estrictamente municipalista volcada en el bienestar real de nuestras URBANIZACIONES, rechazamos que MONTENCINAR siga siendo el escenario de una guerra interna que solo beneficia a quienes quieren retrasar las obras. Por ello, exigimos:
- Liderazgo y Mediación municipal inmediata: El Ayuntamiento debe liderar y dejar de utilizar el divide y vencerás. Exigimos que actúe como un verdadero mediador, sentando en una mesa abierta a todas las sensibilidades de la urbanización para buscar soluciones de consenso técnico.
- Garantías técnicas y jurídicas definitivas: Cualquier paso administrativo futuro, ya sea mediante recursos o reestructuración del proyecto, debe dejar atrás la chapuza jurídica crónica para que ningún tribunal pueda volver a tumbar las expectativas de los residentes.
- Transparencia absoluta y abandono de la confrontación: Convocatoria urgente a los representantes vecinales de MONTENCINAR para explicar cara a cara la situación real. Asimismo, exigimos que cese el clima de hostilidad verbal y descalificaciones, restableciendo un marco de respeto mutuo indispensable para avanzar.
MONTENCINAR no puede seguir pagando el precio de la incompetencia política del Gobierno del Partido Popular, ni de la falta de una estrategia vecinal unitaria. Frente a la parálisis, el juego del «divide y vencerás» y el caos técnico que el PP ha sido incapaz de resolver en todos estos años, desde ANCLA nos situamos firmemente del lado del interés general de todos los residentes, fiscalizando los errores del Consistorio y trabajando para construir la alternativa seria, responsable y unificadora. Exigiendo que se trate a esta urbanización con el respeto y la dignidad que merece.
En ANCLA seguiremos fiscalizando cada error. Por este motivo hemos presentado por Registro, ante la Alcaldía, un escrito de solicitud para reclamar el acceso al expediente y en particular a la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM 943/2026).
Para que ANCLA pueda ejercer su labor fiscalizadora y, sobre todo, aportar soluciones constructivas a un problema que nos atañe a todos, resulta estrictamente indispensable contar con una absoluta transparencia institucional y con acceso directo a los documentos jurídicos definitivos.
¡Urbanización digna para Montencinar YA!
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